Los desastres provocados por amenazas naturales pueden ser motivo de movimientos migratorios. No representa una novedad, pero la intensidad de lo que ocurrió el año pasado en el Caribe insular fue sin precedentes. Este artículo de la autoría de la investigadora Julia Harrer, experta en cambio climático, medio ambiente y migraciones.
Como consecuencia de los daños y la destrucción generada por los huracanes Irma y María durante el 2017, miles de personas abandonaron Puerto Rico para trasladarse a los Estados Unidos. Este flujo migratorio agravó la emigración notable ya en marcha por la situación económica crítica del territorio. No obstante, los recientes eventos extremos ocurridos en la región, han producido un gran aumento de emigración, al punto de que se puede hablar de un verdadero éxodo.
Lo ocurrido en Puerto Rico es una situación que fácilmente puede verse replicada en otros territorios caribeños, expuestos a amenazas naturales. En Dominica, por ejemplo, el gobierno estima que próximamente alrededor de 73.000 personas abandonaran el país debido al nivel de destrucción experimentado. Según las estadísticas de la reaseguradora Munich RE, en total de 328 personas han muerto a causa de los huracanes Irma, Harvey y María en los Estados Unidos y en el Caribe. Adicionalmente, las anteriores tormentas tropicales generaron daños de 67, 85 y 63 millones de dólares respectivamente, de los cuales sólo aproximadamente la mitad se encontraban asegurados. Con estas cifras, los huracanes lideran las estadísticas en cuanto a nivel de pérdidas generadas como consecuencia de desastres en el 2017.
Dominica
En este contexto, Dominica fue una de las islas más afectadas: 100 por ciento de pérdidas en cultivos y 90 por ciento de la infraestructura destruida. Este nivel de impacto demuestra cómo las amenazas naturales pueden afectar la calidad de vida y los medios de subsistencia de una población, forzándola a abandonar su tierra. En este sentido, se puede interpretar la emigración como estrategia de adaptación: la población de zonas muy expuestas a amenazas naturales o que vive en situaciones de vulnerabilidad emigra hacia lugares más seguros. Sin embargo, la realidad es diferente y menos alentadora: la gente emigra debido a la ausencia de alternativas.
República Dominicana y Haití
Por ejemplo, en República Dominicana, donde el huracán María causó severas inundaciones y fuertes vientos, al punto de provocar el desarraigo de múltiples árboles y la destrucción del alumbrado público en distintas zonas del país. En la región norte, por ejemplo, 350.000 viviendas en 14 provincias quedaron sin acceso a electricidad y más de 14.000 personas fueron evacuadas, entre ellas 4.000 turistas desplazados. En el contexto de amenazas naturales y desastres en La Española, es importante también recordar el terremoto de Haití en el 2010 para el cual República Dominicana estableció un corredor humanitario, así facilitando apoyo internacional para Haití. Son situaciones como la anterior que llaman a los gobiernos a estar preparados para gestionar posibles flujos migratorios de esta índole.
De cara al futuro
Un factor relevante a tomar en cuenta, es que en el futuro se espera que el cambio climático produzca más eventos extremos como estos, y de acuerdo a las estimaciones, con mayor intensidad y frecuencia. Los cambios ambientales llaman a los gobiernos a planificar contra las amenazas naturales y reducir el riesgo asociado a ellas. Al mismo tiempo, ponen sobre la mesa el tema de cómo afrontar la migración asociada al cambio climático y eventos extremos.
¿Cómo mejorar la gestión de la migración a nivel mundial? Encontrar respuestas a esta pregunta es una de las prioridades en la agenda de las Naciones Unidas para el presente año. La organización se encuentra actualmente guiando a distintos gobiernos hacia negociaciones determinantes sobre el llamado “Pacto Mundial sobre Migración”, a abordarse en una conferencia intergubernamental en septiembre en Nueva York. Además de acciones a escala mundial que tengan en cuenta el tema de los derechos humanos en el contexto del cámbio climático y del medioambiente, no es menos importante prevenir de cara a posibles efectos ambientales negativos de proyectos de desarrollo en las comunidades. Felizmente, las Américas nuevamente han tomado la delantera en un acuerdo sin precedentes que se explica abajo.
Acontecimiento importante de multilateralismo regional
Precisamente dos años después del asesinato de un activista ambiental prominente de Honduras en marzo de 2016, 24 países de America Latina y el Caribe se pusieron de acuerdo sobre un acuerdo vinculante para proteger a activistas en temas ambientales contra acoso y ataques.
Berta Cáceres, ambientalista hondureña, fue asesinada el 4 de marzo de 2016
La medida que se conoce como El Acuerdo Regional de Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe, pretende también dar una voz a las personas afectadas por proyectos de Desarrollo en cuanto a su aprobación y cómo apelar si el proyecto se les hiciera daño. El acuerdo es el primer tratado vinculante sobre derechos ambientales en la region.
“Esto se hizo pensando en la gente de a pie,” expuso Karetta Crooks Charles, un oficial de comunicaciones de St. Lucia National Trust, quien ayudó a negociar la medida.
“No es solamente un asunto de America Latina, también es un tema en el Caribe,” explicó Danielle Andrade, una abogada ambientalista de Jamaica. “Hemos visto mucho conflicto social en la region cuando la gente siente que no tiene voz en las decisiones que afectan sus vidas.”
Más allá de robustecer las protecciones a defensores del ambiente, la convención apunta a:
• Aumentar acceso a las informaciones sobre la contaminación y proyectos de desarrollo,
• Garantizar la participación pública en el diagnóstico del impacto de un proyecto,
• Asegurar que todos los actores clave — especialmente poblaciones vulnerables que pueden encontrar barreras debido a idioma o gastos – tengan la oportunidad a participar en los debates,
• Proveer asistencia técnica y legal a individuos y grupos que podrían estar dañados por un proyecto.
Puesto que se ha adoptada la convención, los estados pueden ratificar el acuerdo en las Naciones Unidas en septiembre. Después de la ratificación del acuerdo por 11 estados, el acuerdo entrará en vigor. También para el Caribe presenta una oportunidad de iniciar un dialógo sobre los derechos humanos, el cámbio climático y el medioambiente.
LA AUTORA
Julia Harrer es investigadora visitante en OBMICA, donde estudia la conexión entre el cambio climático, las amenazas naturales y las migraciones en el Caribe insular. Actualmente se encuentra realizando su doctorado en la universidad IUSS Pavia, Italia, en el programa “Entendiendo y Manejando Extremos”. Estudia las capacidades institucionales y las políticas públicas en la reducción del riesgo con un enfoque en la República Dominicana y Haití.