11 de mayo de 2018.- Casi 30 organizaciones de sociedad civil de las Américas solicitaron ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) una mayor coordinación y acompañamiento técnico a los Estados de la región para afrontar la crisis de la migración forzada venezolana.
“Los y las migrantes venezolanas en Latinoamérica, y la República Dominicana no es la excepción, estamos en situación de vulnerabilidad”, dijo Ana María Rodríguez, migrante venezolana que actualmente radica en la isla caribeña. “No queremos que nos den nada que no podamos lograr con nuestro propio esfuerzo. Pero sí queremos un plan de acción concreto, con procesos judiciales ajustados al debido proceso y la ley, que no lleven a detenciones arbitrarias ni a deportaciones. Queremos dejar en claro que si nosotros pudiéramos regresaríamos a Venezuela, pero ello no es posible ni en este momento ni en un futuro cercano”.
En los últimos dos años, se calcula que más de 1.2 millones de personas venezolanas han emigrado de su país a raíz de la grave crisis, la falta de seguridad y la escasez de medicamentos. Para enero de 2018, de acuerdo con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 133,574 personas venezolanas habían solicitado asilo, y 350,861 buscaron formas alternativas para su estadía a lo largo del continente americano y España. “La crisis política y económica que ocurre dentro del país, provocada por una ausencia del Estado, impulsó la gran mayoría de estas salidas. Sin embargo, esta situación no tendrá una solución inmediata aún si ocurre un cambio de gobierno”, señaló Ligia Bolivar, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).
“La región no está del todo preparada para este proceso migratorio y se pronostica que después de la elección del 20 de mayo habrá otro pico fuerte de migración Venezolana”, indicó Francisco Quintana, Director del Programa para la Región Andina, Norteamérica y el Caribe del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL). Ante este contexto, las organizaciones peticionarias señalaron que los países de América Latina y Caribe, así como las organizaciones internacionales necesitan un plan de acción claro y concreto que garantice los más altos estándares de protección en materia de derechos de migrantes, refugiados/as y solicitantes de asilo, al igual que derechos económicos, sociales, culturales y ambientales.
Por otra parte, los y las peticionarias brindaron mayor análisis sobre el contexto y los riesgos enfrentado por dicha migración en el continente y el caribe, destacando la situación de mujeres, de la niñez, la falta de acceso a documentación y educación; la militarización de fronteras y devolución de migrantes; la trata, el tráfico humano, trabajo forzado y sexual, y esclavitud, el sistema de regularización y visados de migrantes, entre otros puntos.
“Los porcentajes de negación o inadmisión de peticiones de refugio son demasiadas altos. Por ejemplo en Colombia de 2,073 solicitudes se han aprobado 57, en Ecuador de 2,322 solicitudes se han admitido seis. Esto, que se repite en todos los países, da cuenta de la imperiosa necesidad de proveer una protección especial, efectiva y duradera”, señaló Guillermo Rovayo de la Misión Scalabriniana de Ecuador.
Dado este panorama, se le solicitó a la CIDH que hiciera un llamado a un plan de acción concreto que profundice los Pactos Globales de Migración; dirija el uso del ya existente SACROI (Sala de Coordinación y Respuesta Oportuna e Integrada) sobre Venezuela de la misma CIDH para: 1) monitorear la situación de personas migrantes venezolanas, 2) colaborar en identificar la dimensión del problema; y 3) incorporar un enfoque de derechos que permita además dar una asistencia técnica a los Estados; y trabajar de manera conjunta con la Relatoría de derechos de las personas migrantes y refugiadas de Naciones Unidas.