6 diciembre 2013--Durante la semana del 2 al 6 de diciembre de 2013, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) visitó la República Dominicana para constatar los efectos de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional, que retira la nacionalidad dominicana a los hijos/as de personas extranjeras nacidos/as en el territorio desde 1929 a 2007. Invitada por el Estado dominicano, la Comisión pudo constatar la situación de los derechos a la nacionalidad, la identidad, la igualdad, la no discriminación, así como de otros derechos y problemáticas relacionadas con su mandato.
La Comisión se reunió con representantes de los poderes del Estado, así como con miembros de la sociedad civil, quienes plantearon sus puntos de vista sobre los alcances de la nueva legislación, que según cifras del propio Estado, podría afectar a más de 200 mil hijos/as de inmigrantes, principalmente dominicanos/as de ascendencia haitiana.
Según palabras de la Comisión: “(miles de personas) han sido privadas arbitrariamente de su nacionalidad como consecuencia de esta Sentencia. Como resultado, estas personas han visto violado su derecho a la personalidad jurídica, y viven sumidos en una condición de extrema vulnerabilidad. Esta situación afecta en forma desproporcionada a las personas de ascendencia haitiana, quienes son también personas afrodescendientes y frecuentemente identificados sobre la base del color de su piel, constituyendo una violación al derecho a la igualdad y a la no discriminación”.
La Comisión Interamericana también recibió información acerca de expresiones de odio contra periodistas, intelectuales, abogados/as, políticos/as, legisladores/as y defensores/as de derechos humanos críticos de la Sentencia del Tribunal Constitucional, a quienes han calificado como “traidores a la patria” y que han recibido llamados públicos de “muerte a los traidores”, casi siempre realizados por grupos ultra-conservadores que promueven la intolerancia y el discurso racista.
En ese sentido, las organizaciones y personalidades agrupadas en Dominican@s por Derecho (en que OBMICA es un integrante) y en el Comité de Solidaridad con las personas desnacionalizadas organizaron el jueves 5 de diciembre una jornada denominada “Abrazo Solidario” en apoyo público a las personas afectadas por la Sentencia. La actividad, que contó con una presencia de 2,000 personas, sirvió también como espacio para proponer un Pacto Social que ofrezca una solución justa, humana y respetuosa de los derechos humanos de las personas afectadas.
Finalmente, es importante destacar que los lineamientos de dicho Pacto Social están en consonancia con las recomendaciones realizadas por la Comisión al Estado dominicano, a saber:
1) Garantizar el derecho a la nacionalidad de las personas que ya tenían este derecho bajo el régimen interno vigente entre 1929 y 2010.
2) No exigir que las personas con derecho a la nacionalidad, como aquéllas desnacionalizadas bajo la sentencia 168-13, se registren como extranjeros como requisito para el reconocimiento de sus derechos.
3) Garantizar mecanismos generales, automáticos, sencillos, claros, rápidos y justos para que las personas perjudicadas por la Sentencia 168-13 disfruten del derecho a la nacionalidad, incluyendo la accesibilidad en términos económicos, la no discrecionalidad, ni implementación en forma discriminatoria.
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