Al término de su 179° período de sesiones, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) se pronunció por primera vez sobre la creciente militarización de las fronteras en Latinoamérica y enfatizó en la obligación de los Estados de privilegiar un enfoque de derechos sobre la migración y solicitantes de la condición de refugiados.
A finales de marzo, 24 organizaciones de 8 países de Sudamérica expusieron ante la CIDH numerosas y muy preocupantes situaciones, derivadas del cierre de las fronteras producto de la crisis sanitaria mundial.
Las deportaciones masivas, la militarización de los pasos fronterizos, la separación de las familias y la imposibilidad de acceder a la condición de refugiado, fueron algunas de las violaciones a los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo que reportaron en la Audiencia general. Tras esta presentación, la CIDH emitió sus primeras recomendaciones hacia los Estados sobre la participación de las fuerzas militares en los procesos migratorios en las fronteras. Los instó a adoptar políticas “que estén orientadas a respetar y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes, refugiadas y con necesidades de protección”, que respeten la unidad familiar y el principio de no devolución. Destacó una serie de medidas dispuestas por los Estados que deben cesar inmediatamente porque constituyen una amenaza para las personas migrantes y refugiadas:
1) externalizar el control migratorio;
2) desplegar las fuerzas armadas, policías militares y otros cuerpos de seguridad con perfil y formación militar en tareas de gestión migratoria fronteriza;
3) aumentar la aplicación de la detención migratoria, y procedimientos de deportación o expulsión que no aseguran las garantías del debido proceso;
y 4) limitar el acceso a los territorios de los Estados y a procedimientos migratorios, de asilo o de protección internacional, especialmente utilizando la pandemia y las medidas de respuesta como justificación, lo que afecta también a la migración de retorno de connacionales.
En este sentido, la organización regional reconoció que la participación de las fuerzas armadas en el control migratorio podría ser contraria a la obligación de los Estados de proteger y garantizar los derechos humanos de las personas migrantes y refugiadas y contradice los estándares y principios interamericanos. Además aumenta la vulnerabilidad de dicha población al obligarla a buscar rutas aún más alejadas e inseguras para desplazarse y acceder a los territorios de otros Estados.
SALUD
“La Comisión reitera que los Estados deben evitar el empleo de estrategias de detención y otras medidas migratorias que aumenten los riesgos de contaminación y propagación de la pandemia y la vulnerabilidad de las personas en situación de movilidad humana. Tales medidas incluyen las deportaciones o expulsiones colectivas, o cualquier forma de devolución que sea ejecutada sin la debida coordinación y verificación de las condiciones sanitarias correspondientes, garantizando las condiciones para que estas personas y sus familias puedan salvaguardar su derecho a la salud sin ninguna discriminación. Como consecuencia, los Estados deben enfocarse en su labor de protección y deber de prevención, de manera coordinada para mitigar los factores del desplazamiento y los riesgos de vulneración de derechos.”
El enlace abajo tiene el texto in extenso de la CIDH
http://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2021/082.asp