En 1984, se adoptó la Declaración de Cartagena sobre Refugiados, un nuevo hito en la generosa tradición de solidaridad, asilo, protección de personas refugiadas y cooperación regional en las Américas. Constituyó un marco innovador y flexible para responder de manera integral a los problemas jurídicos y humanitarios regionales en materia de protección internacional.
En particular, recomendó la adopción de una definición ampliada de persona refugiada, extendiendo la protección a personas forzadas a huir en situaciones distintas a los motivos cubiertos por la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951.
Tras esta Declaración, la región sentó la tradición de conmemorar decenalmente su adopción, dando inicio al “Proceso de Cartagena” e inspirando lo que se ha denominado el “Espíritu de Cartagena”, que se caracteriza por un enfoque prioritario en la protección de personas refugiadas y las soluciones; la convergencia con los mecanismos y marcos de protección existentes.
- En el 1994, en Costa Rica se adoptó la Declaración de San José Sobre Refugiados y Personas Desplazadas, que analizó la importancia de la Declaración de Cartagena como herramienta de protección e incluyó la necesidad de abordar la situación de los desplazados internos en la región.
- En el 2004, se adoptó la Declaración y el Plan de Acción de México para Fortalecer la Protección Internacional de los Refugiados en América Latina (PAM). Ésta innovó al incluir un Plan de Acción Regional decenal que introdujo programas pioneros en materia de protección y soluciones duraderas: “fronteras solidarias”, “reasentamiento solidario” y “ciudades solidarias”.
- En el 2014, se adoptó la Declaración y Plan de Acción de Brasil (PAB) en el que participaron por primera vez Estados y territorios del Caribe. El PAB, como hoja de ruta decenal, puso en práctica los principios de solidaridad, cooperación internacional y responsabilidad compartida, luego incluidos en el Pacto Mundial sobre los Refugiados de 2018, incorporando la apatridia como un nuevo ámbito de protección junto con los programas “asilo de calidad” y “soluciones integrales y sostenibles”. Asimismo, fijó estrategias para el Caribe y el Norte de Centroamérica, sobre la base de sus necesidades específicas.
La Declaración de Cartagena sobre los Refugiados, de 1984, constituye uno de los hitos de la tradición secular de América Latina en materia de protección de los refugiados, al recoger una definición ampliada del concepto que, entre otros aspectos, la convierte en un modelo mundial de legislación centrada en los derechos humanos (Freier, 2015).
El Proceso de Cartagena+40: un nuevo escenario de desafíos y necesidades emergentes de protección y soluciones
El número de personas en situación de movilidad ha alcanzado niveles sin precedentes en la región, y las personas desplazadas enfrentan además riesgos cada vez mayores, como extorsiones, secuestros y muerte en la ruta, diversas y graves formas de violencia de género, reclutamiento forzado, explotación y trata de personas. También se ha incrementado el riesgo de apatridia, con dificultades para acceder a los procedimientos de registro de nacimientos, adquirir una nacionalidad al nacer y obtener documentación para acreditar la nacionalidad, entre otros desafíos.
El Proceso de Cartagena+40 tendrá como base los consensos, avances y logros de la región en las últimas décadas, asegurando su inclusión en los ámbitos nacionales y regionales. Dará continuidad al Plan de Acción de Brasil, manteniendo la vigencia de sus herramientas y buenas prácticas, velando por reforzarlas, ampliarlas y regionalizarlas en América Latina y el Caribe. Chile será el estado anfitrión en diciembre de 2024. OBMICA participa en la denominada red de sociedad civil: Grupo Articulador Regional del Plan de Acción de Brasil (GARPAB). Reportaremos sobre los desarrollos relevantes en 2024, incluyendo las consultas oficiales convocando a un elenco amplio de actores clave que comenzarán en México en abril.