En 2020 se han visto casi 86 millones de casos de COVID-19 y más de 1.8 millones de muertes. Inmediatamente después del coronavirus expandirse a escala global, las economías del mundo recibieron un golpe fuerte.
Según el Banco Mundial, la economía global iba a encogerse en un 5.2 por ciento a finales de 2020. Más de 20 millones de personas perdieron su trabajo solamente en los Estados Unidos, donde el desempleo ha alcanzado 14.7 por ciento en abril, o sea el nivel más alto de desempleo desde la Gran Depresión. En diciembre de 2020, la ONU pronosticó que la pérdida de empleos e ingresos amenaza con empujar a mil millones de personas – casi una octava parte de la población mundial – hacia la pobreza extrema, erosionando una década de progreso en la reducción de la pobreza. Hay reportes de discriminación y xenofobia contra personas de ascendencia asiática, refugiados y otros grupos a quienes se perciben de manera errónea como personas más contagiosas y, por ende, impidiendo los esfuerzos de control de la enfermedad, de acuerdo con la ONU. La pandemia ha estresado a gobiernos a todos los niveles y ha obstaculizado el trabajo de agencias internacionales.
Como se sabe, la movilidad humana es sensible al conflicto y a la inseguridad. Una de las grandes amenazas de la pandemia COVID-19 se deriva del hecho de que es una fuente de inseguridad humana atravesando varios dominios. Claro está que el riesgo sanitario más evidente es la muerte; el virus trae muchos otros riesgos, incluyendo el riesgo de la infección y enfermarse. A la inseguridad sanitaria, se agregan desigualdades sociales agravadas, enfatizando inseguridades sanitarias relacionadas ya que no todos los países, regiones o lugares tienen acceso adecuado a la provisión de servicios sanitarios, proveedores y cuidados médicos. Estas desigualdades sanitarias y sociales preocupan a nivel nacional y a actores estatales. Hay que estudiar el rol que la inseguridad sanitaria y social puede jugar como determinantes en la movilidad de algunas personas. Es probable que algunas de las medidas más restrictivas adoptadas de manera provisional pueden volverse “normal” con tendencia a acentuarse aún más. Por otra parte, urge examinar las políticas públicas positivas ingeniadas bajo la pandemia con miras a ver su adaptación cuando las sociedades emergen de lo peor de la crisis. De algunas experiencias en Europa y en América Latina y el Caribe, cabe notar la buena práctica de la regularización oportuna y flexibilizada de migrantes en situación migratoria irregular, así evitando discrepancias en tratamiento con vacunas (cuando disponibles) entre otras medidas de peso que deben de tener un alcance universal. La población migrante que no está debidamente documentada podría no querer visibilizarse, impidiendo su inclusión, en detrimento de la buena salud para todos y todas.
Bridget Wooding
Directora de OBMICA