Un llamado inaplazable a hablar de migraciones y los derechos que se mueven donde quiera que vaya la gente.
Al pasar un balance a políticas públicas en el día internacional del migrante, los centros para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) Y de Desarrollo Sostenible (CEDESO), a través de la coordinación del Proyecto Trato Digno, consideran las recientes medidas restrictivas tomadas por el Estado dominicano un giro desalentador en materia de políticas de gestión de las migraciones, que expone a personas en movilidad a vivir desprotegid@s, caer en redes de explotación, tráfico ilícito y posible trata humana.
En República Dominicana este día del migrante nos encuentra con serios desafíos, una administración gubernamental que ha dado un giro desalentador a políticas públicas, desconociendo sus propias leyes y mandatos. Ni en las más negativas de las proyecciones se vislumbró un escenario de persecución y deportación masiva a mujeres migrantes embarazadas o la orden administrativa que niega el acceso a servicios de salud en el sistema público por estatus migratorio o situación documental, limitando la atención a casos de emergencia. Así es que se viola a la Constitución y acuerdos vinculantes al país. Esto es un significativo retroceso en materia de derechos humanos y gobernanza de las migraciones que expone a extranjeros de escasos recursos a vivir en la total desprotección y caer en redes de explotación, tráfico ilícito de migrantes y posible trata humana.
Desde el pasado mes de septiembre, el gobierno dominicano ha anunciado medidas restrictivas que complican el panorama a las personas migrantes, de forma particular aquellas que no poseen un estatus regular o que, habiendo aplicado al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE), se encuentran fuera de estatus. Las medidas ponen aún más presión sobre madres y mujeres embarazadas haitianas, y se suma a la carga que llevan las mujeres, sobre las que socialmente recae la responsabilidad de la manutención, el cuidado y atenciones de salud de toda la familia.
Las deportaciones arbitrarias de las que han sido víctimas cientos de migrantes embarazadas y lactantes, detenidas en los últimos meses en entornos hospitalarios cuando se disponían a buscar asistencia médica para ellas o sus hijos, constituyen una violación sin precedentes al derecho fundamental a la salud, la equidad de género, al mandato de la protección de la maternidad y los derechos de niños, niñas y adolescentes. El tema ha sido ampliamente documentado por sociedad civil en reportes y medios de prensa, como se muestra en el documental “Deportaciones Indignas”.
El cierre del paso a personas migrantes con estatus irregular a servicios de salud pública ha levantado el rechazo de organizaciones sociales y del propio Colegio Médico Dominicano (CMD), pues estaría llamando a los prestadores de servicios de salud a violentar su compromiso social y ética de trabajo, mientras los hospitales, cuya misión es garantizar la salud de todas y todos, se convierten en espacios de discriminación de personas por su estatus documental y migratorio.
Las medidas resultan contraproducente en un contexto de pandemia, cuando el Estado no provee de medios efectivos para que las personas migrantes mantenga su estatus regular. Durante un año, más de 200 mil extranjeros que aplicaron al Plan Nacional de Regularización de Extranjeros de 2014 y les fue adjudicada una categoría migratoria, no tuvieron la oportunidad de renovar los documentos que acreditan su estatus, se les sorprende con el escueto anuncio de una auditoria, como una especie de antesala al desmonte de un proceso en el que el Estado dominicano invirtió años y millones de pesos, en el que las personas han participado de buena fe.
Los resultados de años de investigaciones y experiencia en el campo demuestran que la política de mano dura contra personas migrantes ha resultado ser altamente ineficaz, además de ilegal e inhumana. Las medidas para el control migratorio deben sostenerse en el marco legal y el sistema de derechos, proveer a las personas vías claras para migrar y regular su estatus, fortalecer las competencias y mejorar las condiciones laborales de agentes de migración, personal militar y de vigilancia, adecentar los puntos de entrada y modernizar mecanismos de inspección en la frontera para evitar migración irregular. Es decir, urge diseñar e implementar políticas públicas sobre la base del estudio del tema y en base de la evidencia.
Las personas migrantes haitianas y venezolanas (los grupos de población extranjera con mayor presencia en el país), aportan con su trabajo al desarrollo de la República Dominicana se insertan en sectores de la economía que demandan su trabajo, permitiendo el crecimiento y la competitividad, tales como turismo, construcción, educación, servicios, y en áreas que todavía no son lo suficientemente valoradas como el trabajo doméstico remunerado y agrícola.
Las plataformas sociales y medios de prensa son valiosos aliados para proyectar una imagen justa del migrante. Estigmatizar a las personas migrantes, presentarlas como un peligro o amenaza al bienestar de los países que les acogen es parte de una narrativa que despista y que cada vez pierde más vigencia entre la gente. Las mujeres migrantes haitianas no son la causa de la debilidad del sistema de salud pública. Transferir hacia ellas la responsabilidad de años de abandono, gestión ineficaz y corrupción del sistema es un error que como es lógico ha causado amplio rechazo e indignación a nivel nacional.
En este camino destaca la solidaridad del grueso del personal médico dominicano, comunicadores sociales, organizaciones barriales, campesinas y las comunidades que se distancian de la institucionalización del atropello y respaldan la defensa de los derechos de las personas migrantes, que se encuentra en situaciones de mayor vulnerabilidad como adultos mayores, niños, niñas y adolescentes, mujeres embarazadas y lactantes, a quienes la ley protege de las deportaciones y ordena brindar protección especial. Así como lo han hecho durante la pandemia, nueva vez médic@s y enfermer@as defiende con gallardía el derecho fundamental a la salud, ponen el ojo en un sistema desigual que deja sin opciones a las personas empobrecidas.
Más de dos millones de dominicanos y dominicanas son migrantes. Vernos en el espejo de personas que se mueven en busca de oportunidades es sentir el latido del corazón de la humanidad que nos une fuertemente. Todos somos o hemos sido de alguna manera migrantes, abriéndonos paso para iniciar una carrera, haciendo nuevos amigos en la escuela o en un vecindario donde tenemos que empezar de cero. Reiniciar en otro lugar ciertamente nos hace vulnerables pero también saca lo mejor de las personas, su coraje, su determinación de luchar y ayudar a la familia que queda en el hogar que ha dejado atrás.
Los motivos de la migración son multifactoriales: pobreza, falta de empleo, persecución política, necesidad de reconocimiento social, construcción de un futuro más prometedor para las nuevas generaciones. El sueño del joven que paga miles de dólares por cruzar el Desierto de Atacama, la selva colombiana, la temible de frontera de México a Estados Unidos, quizás arriesgando su vida en un tren o en un contenedor, es el mismo que el del trabajador de la construcción o de la mujer con la paletera que atravesó el Rio Masacre a pie y tuvo que pasar decenas de controles para llegar a Santo Domingo. Garantizar los derechos de la población migrante, esté donde esté, es defender con integridad la dominicanidad construida con los aportes de quienes un día decidieron marcharse y fajarse en una factoría o casa de familia, es respetar el trabajo como forma de superación.
En el Proyecto Trato Digno promovemos el respeto de los derechos de las personas migrantes y el cumplimiento del debido proceso en materia de deportaciones elementos fundamentales de una gestión humana y respetuosa de las migraciones. Contribuimos al trabajo de actores gubernamentales compartiendo las experiencias que se viven en terreno y el conocimiento para mejorar una serie de prácticas que deben quedar en el pasado. Que varias familias dominicanas hoy lloren la pérdida de jóvenes víctimas de traficantes en México, que un agente de migración busque a una mujer en el baño de hospital, que una mujer en labor de parto sea montada en una guagua de migración con la intención de deportarla desafía nuestra humanidad y nos hace un llamado inaplazable a hablar de personas en movilidad y los derechos que se mueven donde quiera que vaya la gente.
CEDESO y OBMICA
18 de diciembre de 2021