Por Masaya Llavaneras Blanco, PhD
El mes de septiembre llegó con la buena noticia de que en República Dominicana (RD) se regulariza el trabajo doméstico después de más de tres décadas de lucha sindical y feminista. El pasado 25 de agosto se publica la Resolución 14-2022 del Ministerio del Trabajo sobre Adopción y armonización de medidas atinentes al mejoramiento del cumplimiento del Convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo, OIT.
La Resolución se articula con otras dos resoluciones del Consejo Nacional del Salario CNS 11-2022 sobre el salario mínimo para el trabajo doméstico remunerado, y la 551-08 del Consejo Nacional de la Seguridad Social. Estos avances legislativos responden a una deuda histórica por parte del estado dominicano hacia las trabajadoras y trabajadores domésticos y atienden a demandas claves por parte del movimiento sindical. Por ejemplo, se establece un salario mínimo para el sector (10.000 pesos mensuales), se establece un máximo de horas laborables a la semana (44), se requiere el uso de contratos escritos y se incorpora a las trabajadoras domésticas al Régimen Contributivo Subsidiado del Sistema de Seguridad Social, entre otros.
Dichos cambios legislativos representan un gran avance que responden a una lucha histórica llevada adelante por las trabajadoras domésticas, que iniciaron su movilización en torno a la discusión del Código de Trabajo de 1992. Esta movilización retomó fuerza en torno a la firma del Convenio 189 de la OIT sobre las trabajadoras y trabajadores domésticos de 2011 que fue ratificada por la RD en 2015. Una de las innovaciones del movimiento sindical para ese entonces fue la incorporación de las trabajadoras migrantes a la lucha por los derechos de todas las trabajadoras domésticas sin importar su condición migratoria o de ciudadanía.
Incorporación de migrantes
Uno de los retos que surgen a partir del logro histórico de la Resolución 14-2022 es garantizar el ejercicio de estos derechos por parte de las trabajadoras (y trabajadores) domésticas migrantes. Este reto viene desde varios frentes pues si bien el convenio 189 de la OIT incluye a este sector, la forma en que lo hace es difícilmente aplicable en contextos como el de la RD en el que las trabajadoras domésticas migrantes no llegan al país con una categoría migratoria específica para ese sector laboral. Eso quiere decir que se necesita pensar en las condiciones específicas de las trabajadoras domésticas migrantes en RD.
Para 2022, el 5% de las trabajadoras domésticas en RD son migrantes haitianas (FLACSO 2022), y de acuerdo con la Encuesta Nacional de Inmigración de 2017 (ENI 2017) el trabajo doméstico representa el tercer oficio más representativo entre las migrantes haitianas activas en el mercado laboral. En el caso de las mujeres dominicanas de ascendencia haitiana, el trabajo doméstico es aún más importante, siendo el segundo oficio más representativo entre las dominicanas de ascendencia haitiana activas en el mercado de trabajo. Para este sector el acceso a la documentación representará un reto importante a la hora de registrar un contrato con el Ministerio del Trabajo. Aquellas trabajadoras que cuenten con pasaporte o cédula puede que tengan reservas a la hora de registrar sus datos, dada las olas de detenciones y deportaciones recientes sin debido proceso, o por temor a que sus documentos sean invalidados.
Trabajadores/as sin documentos
Para aquellas trabajadoras que no tengan acceso a pasaporte o cédula el reto será mayor, puesto que la elaboración del contrato y su registro en el Ministerio del Trabajo requiere de copia de los documentos de identidad tanto del empleador o empleadora, como del trabajador o trabajadora. En este sentido cabe destacar que muchas veces es la falta de documentos lo que limita las opciones de trabajo y estudio de este sector de la población, que recurre al trabajo doméstico como uno de los pocos oficios donde puede desempeñarse y percibir ingresos.
Brecha en la frontera
Como hemos señalado en otras ocasiones (OBMICA/FES octubre 2018), la realidad de las trabajadoras transfronterizas también trae retos específicos que deben ser tomados en cuenta. Se trata de trabajadoras que residen en pueblos fronterizos de Haití, como Ouanaminthe o Anse-a-Pitres y trabajan en pueblos fronterizos dominicanos como Dajabón o Pedernales. Para este sector, asistir a sus lugares de trabajo implica transitar la frontera a diario sin una categoría migratoria que les garantice un mínimo de protección. Si bien el Reglamento (Decreto 632-2011) de Aplicación de la Ley General de Migración 285-04 establece la figura del Habitante Fronterizo para regularizar la movilidad de los trabajadores y trabajadoras que residen de un lado de la frontera y laboran del otro, esta categoría no ha sido implementada.
Además, hasta ahora, la categoría se limita a regularizar las movilidades asociadas con el comercio y no protege otros sectores laborales importantes de la economía de la frontera como lo es el sector servicios (tanto doméstico, como de construcción y agricultura). Si bien existe un Plan Piloto para la implementación de esta categoría migratoria en Pedernales (DGM-09-2021), el mismo aún no se ha llevado a cabo. La implementación de esta categoría, y su potencial expansión pueden ser una forma viable de facilitar el ejercicio de los derechos laborales de las trabajadoras domésticas transfronterizas.
Las resoluciones 14-2022 del Ministerio de Trabajo, CNSS 551-08 y CNS 11-2022 representan avances importantes en el ejercicio de derechos y la provisión de cuidados en la RD, y el fruto de años de movilización de grupos sindicales y feministas. El reto ahora es garantizar que estos avances se lleven a cabo de la forma más inclusiva, garantizando el ejercicio de derechos a todas las trabajadoras y trabajadores domésticos sin importar su lugar de origen o condición migratoria o de ciudadanía.
Trabajo digno cruza el Atlántico
Finalmente, nos alegra observar que hay nuevas medidas en España de que las mujeres migrantes (incluyendo a dominicanas) pueden beneficiarse igual que mujeres nativas y esperamos que, en RD, la justicia para mujeres migrantes sea también una realidad.
“La ampliación de derechos del colectivo de trabajadoras del hogar que ha aprobado este martes el Gobierno tendrá impacto sobre alrededor de 400.000 personas, la inmensa mayoría de ellas mujeres (y extranjeras). Aquellas que se encuentren inscritas en la Seguridad Social —los sindicatos estiman que 200.000 más se emplean de manera irregular— podrán cotizar finalmente por la prestación de desempleo. Una resolución que pone fin a una discriminación laboral que ha sido reconocida (y afeada) recientemente por los tribunales de justicia europeos.” El País, 7 de septiembre de 2022