La Declaración y Plataforma de Acción de Beijing (1995) aprobada por 189 Estados miembros en la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer, fue un hito para las mujeres y las niñas de todo el mundo. Desde entonces, las organizaciones feministas y de la sociedad civil han impulsado esta agenda aportando una crítica a la globalización neoliberal, un enfoque feminista de las políticas macroeconómicas y una perspectiva de justicia medioambiental para corregir las desigualdades existentes.
Aunque la Plataforma reconoce algunos de los retos a los que se enfrentan las mujeres migrantes carece de un marco global para abordar los factores sistémicos que impulsan la migración y su intersección con otras formas de discriminación. Treinta años después, y con el populismo nacionalista en auge, la migración debe ocupar un lugar central en el trabajo colectivo para hacer avanzar la Plataforma de Acción de Beijing. El programa de la Red de Mujeres en Migración (WIMN, por sus siglas en inglés), a que está adscrito OBMICA, pone de relieve las formas interseccionales de opresión a las que se enfrentan las mujeres en la migración, incluyendo, entre otras, el género, la raza, la clase, la orientación sexual y la identidad de género, la religión, la capacidad y la nacionalidad. En 2024, la WIMN convocó a mujeres de base de todo el mundo para trabajar por una Política Migratoria Feminista Interseccional que afirme sus derechos y aborde sus realidades.
Las temáticas de dicha consulta incluyen: Establecer vías seguras y basadas en los derechos humanos para la migración. Garantizar y proteger la unidad familiar y el acceso a la documentación legal para todas las personas migrantes. Garantizar derechos laborales fundamentales y condiciones de trabajo dignas para todas los migrantes, incluidos salarios dignos, protección social, entornos de trabajo seguros y protección frente a la explotación. Reconocer el valor social y económico del trabajo de cuidados y el derecho humano a los cuidados. Garantizar el acceso a los servicios públicos esenciales, las protecciones sociales y la justicia para todas las personas migrantes independientemente de su estatus migratorio. Debe garantizar que el uso de estos servicios esenciales no suponga una amenaza a la deportación y que la prestación de estos servicios no conlleve sanciones para los servidores públicos que los prestan. Garantizar el interés superior del niño, la importancia de la reunificación familiar y la necesidad de abordar las necesidades específicas de los Niños, Niñas, Adolescentes migrantes. En RD, les preocupa a las organizaciones de sociedad civil trabas al acceso a salud pública para la población migrante, especialmente salud sexual y reproductiva. Discrepan de una propuesta ventilada a nivel presidencial de cobrar los partos de mujeres migrantes embarazadas, que podría constituir un revés contundente al Agenda de Beijing a que el país se subscribe.
Bridget Wooding