Octubre 2013--El 23 de septiembre, el Tribunal Constitucional (TC) de la República Dominicana dictó la Sentencia 168-13, que establece que dejarán de tener la nacionalidad dominicana los nacidos en el país cuyos padres hayan estado en situación de indocumentación. La medida se aplicará a todas las personas nacidas en el país desde el año 1929 a la fecha. Es decir, el Estado le quitará nacionalidad a 4 generaciones de personas que durante 8 décadas fueron registrados como dominicanas, al amparo de la Constitución y leyes vigentes.
La sentencia, que viola al menos cuatro artículos de la Constitución dominicana y que apela a criterios raciales para arrebatar la nacionalidad, afectará a miles de dominicanos y dominicanas de los más diversos orígenes, especialmente a aquellos de ascendencia haitiana a quienes el Estado ya les está quitando sus documentos de identidad dominicanos desde el año 2007. A partir del rechazo a la sentencia, se articuló “Dominican@s por Derecho” un grupo conformado por organizaciones de la sociedad civil para reivindicar los derechos de los dominicanos y dominicanas de ascendencia extranjera afectados por la política de desnacionalización.
En el ámbito internacional también se han levantado voces de preocupación por la sentencia. Diversos organismos de Naciones Unidas, así como del Sistema Interamericano de DDHH, Amnistía Internacional y organismos regionales como CARICOM, han declarado el peligro que implica desnacionalizar a más de 240 mil personas que ya tenían sus documentos de identidad.
En ese sentido, también destacan las muestras de solidaridad recibidas de diversas comunidades de dominicanos/as y sus descendientes asentados en Estados Unidos y Puerto Rico.
En medio de la crisis, el mismo Presidente Danilo Medina recibió a una representación de las personas afectadas, a quienes reconoció como dominicanos/as, y les prometió iniciar un proceso de consultas con diversas instituciones del Estado hasta encontrar una solución humana, justa y solidaria a la situación de miles de personas que por causa de la sentencia quedan en riesgo de apatridia.