A lo largo de la última década, se han generalizado las denuncias de explotación laboral de trabajadores migrantes e incluso de trabajo forzoso. En 2014, los sindicatos internacionales presentaron una queja en la OIT contra el Estado de Qatar alegando que el país no resolvía las violaciones de los derechos laborales.
Tras un periodo de intensas negociaciones, el Estado de Qatar y la OIT acordaron y pusieron en marcha un programa que impulsaría importantes reformas laborales. Las medidas adoptadas ya han mejorado las condiciones de trabajo y de vida de cientos de miles de trabajadores, aunque siguen necesitándose otras actuaciones urgentes para que todos los trabajadores se beneficien de ellas. En 2020 se introdujeron modificaciones al llamado sistema Kafala (sistema de patrocinio), gracias a las cuales los trabajadores ahora pueden cambiar de empleo en cualquier momento dando un preaviso de hasta dos meses. Otro cambio es que a los trabajadores migrantes, incluidos quienes ejercen el trabajo doméstico, ya no se les requiere un permiso de salida aprobado por el empleador para abandonar el país. Estos importantes cambios en la legislación laboral de Qatar han reducido significativamente la vulnerabilidad de los inmigrantes ante el trabajo forzoso causada por el excesivo control que los empleadores ejercían sobre sus vidas. Sin embargo, los trabajadores siguen teniendo dificultades para dejar un trabajo e incorporarse a otro, pues hay empleadores que llegan a adoptar represalias tales como revocar el permiso de residencia del trabajador o presentar una denuncia por “fuga” en su contra.
Las necesidades de la Copa Mundial de Fútbol reciente en Qatar exigieron muchos trabajadores migrantes en la construcción entre otros, quienes fueron expuestos a situaciones laborales de alta peligrosidad en que se estima que casi seis miles de personas pudieron haber perdido la vida, desde que Qatar obtuvo el derecho a ser anfitrión para la edición de 2022 (Guardian 2022). Esto no es una novedad. Recordemos la situación en Brasil en que miles de trabajadores haitianos migrantes se esforzaron para trabajar en la construcción previo a la Copa Mundial de 2014 en Rio de Janeiro y otras ciudades de Brasil. Inicialmente se beneficiaron de la política de puertas abiertas después del desplazamiento forzado de muchas personas haitianas tras el terremoto de 2010 en Haití. Independientemente de la rotación de país anfitrión para esta suerte de evento deportivo mundial (ya sabemos que en 2026 se comparte el honor de organizar la Copa Mundial de Fútbol entre EE.UU, Canadá y México), hay que seguir elevando los estándares del cumplimiento de los derechos laborales de los trabajadores (especialmente migrantes) que laboran en la construcción de las instalaciones correspondientes a la magnitud del evento.