Jean Pierre Murray, investigador asociado de OBMICA basado en Jamaica, habla del impacto de las políticas migratorias cada vez más restrictivas en grupos minoritarios en Reino Unido, estas duras medidas son una  latente amenza de desarraigo a migrantes con más de 40 año residiendo en dicho país.

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The Windrush Scandal: Colonial Heritage Meets 21st Century Immigration Control

Por Jean Pierre Murray Investigador asociado de OBMICA, basado en Jamaica

En junio de 2018 se celebró el aniversario 70 de la llegada del barco Empire Windrush que llevó al primer grupo de ciudadanos británicos a Gran Bretaña en la era pos-guerra. El llamado Escándalo Windrush reveló las fallas en las narrativas británicas de multiculturalismo, en que políticas migratorias cada vez más restrictivas han pesado sobre grupos minoritarios. La implementación de estas políticas en el Reino Unido amenazó con desarraigar los-as ciudadanos que han llegado allí bajo las reglas previo a 1971.

CONTEXTO

Empire WindbrusEn 1948, el Empire Windrush llegó a Londres desde Kingston Jamaica, con un total de 492 migrantes caribeños. Fue la primera etapa de una serie de movimientos migratorios desde la Mancomunidad hacia Gran Bretaña donde estos migrantes jugaron un rol importante en la reconstrucción pos-guerra. Según datos de la Universidad de Oxford, más de medio millón de migrantes de la Mancomunidad que viven en el Reino Unido habían llegado antes de 1971. Antes de la adopción de la Ley de Inmigración de 1971, el gobierno británico había otorgado ciudadanos de la Mancomunidad el derecho a permanecer de manera indefinida, con el efecto de regularizar su estatus migratorio. Esto dio cabida a la formación de varios grupos diaspóricos en el Reino Unido, y ha inspirado un discurso y políticas entorno al multiculturalismo. Sin embargo, el multiculturalismo opacó divisiones racializadas que fueron desveladas en los años 2000 con sentimientos crecientes anti migrante. Además, los migrantes de la Mancomunidad y sus descendientes se encontraron en condiciones de vulnerabilidad en la medida en que se introdujeron reglas migratorias más restrictivas y más vigilancia les ha expuesto a que se les tildaran como inmigrantes irregulares o ilegales. Esto es así porque hubo documentación débil antes del 1971 que dejó a muchos migrantes sin la prueba documental para demostrar su estatus migratorio. De hecho, de estos medio millón de migrantes, más de cincuenta mil personas tuvieron un pasaporte no británico o ningún pasaporte. Desde 1983, los hijos-as nacidos en el Reino Unido solamente pueden adquirir la nacionalidad sobre la base del estatus de sus padres. Es decir, la incertidumbre en torno al estatus de la generación de Windrush se transmite a sus hijos-as quienes pueden encontrarse sin ciudadanía británica o, peor aún, expuestos a la deportación.

EL ESCÁNDALO

Esta nueva política conocida como “ambiente hostil” condujo a una serie de mecanismos de vigilancia en que ciudadanos comunes tuvieron que vigilar por el estatus migratorio del otro. Estas acciones incluyeron chequeos de parte de dueños de propiedades, bancos y mismo médicos. Como parte de estas políticas, migrantes Windrush tuvieron que comprobar que habían vivido de manera continua en el Reino Unido desde 1973. Nuevamente el peso de evidencia documental fue responsabilidad de los-as migrantes; algunos de los aludidos no pudieron comprobarlo. A esto se suma, en 2013, una campaña más agresiva de parte del gobierno con anuncios en los periódicos y volantes en áreas donde hacen vida grupos minoritarios.

IMPACTOS DEL SAGA WINDRUSH

De acuerdo con datos del Ministerio del Interior del Reino Unido, 164 personas de ascendencia caribeña de la llamada generación Windrush fueron detenidas o deportadas durante la implementación de estas nuevas políticas migratorias. Respecto solamente a Jamaica, el gobierno había identificado que unas 30 personas habían sido deportadas o “regresaron voluntariamente” como un resultado de los anuncios Operación Vaken (ver foto). El periódico Guardián reportó el escándalo, resaltando que la política afectó de manera sistemática personas quienes fueron residentes legales sobre todo de ascendencia caribeña. Así es que demostró que los hacedores de la política debieron de preocuparse por tanto los efectos generales como los efectos particulares de las políticas. Por ejemplo, Paulette Wilson quien se había mudado al Reino Unido a la edad de 10 años en 1966 y quien había vivido allí como residente legal para su vida entera, recibió una carta del Ministerio del Interior en 2017, avisando de sus estatus como “inmigrante ilegal”. Esto es así a pesar de su llegada como ciudadana de la Mancomunidad con el permiso de quedarse de manera indefinida, y a pesar de crecer y trabajar en el Reino Unido, mismo fungiendo de cocinera en el Parlamento. Fue detenida y puesto bajo amenaza con la deportación. En un documental reciente ella narró su historia (ver la foto/recuadro en este artículo).

No obstante, excusas oficiales en 2017 llegaron tarde y los remedios desproporcionados a la gravedad de lo acontecido. Reconociendo que el gobierno anunció en 2018 un paquete de compensación de 200 millones de libras esterlinas para poblaciones afectadas y estableció una hoja de ruta hacia la ciudadanía o regularización para ellos, el escándalo sigue como una herida enorme. Por un lado, la fecha para la compensación parece incierta para algunas personas y persisten barreras para personas comprobar que efectivamente pertenecen a la generación Windrush. Por otro lado, debido a la falta de evidencia documental para apoyar sus casos, muchas personas pueden no adquirir ciudadanía o regularizar su estatus. A mediados de 2018, más de 5,000 personas habían recibido documentación de parte del Ministerio del Interior y casi 4,000 personas habían recibido la ciudadanía. Empero, es una fracción mínima de más de 50,000 personas que no poseen documentación británica.

Además, de las personas quienes fueron detenidas de manera errónea o fueron deportadas, algunas personas murieron sin recibir las excusas de lugar ni compensación. A fines de noviembre, Hubert Howard, una víctima de Windrush nacido en Jamaica, murió sin compensación después de seguir luchando para comprobar su ciudadanía desde su cama en un hospital. No todos-as han tenido la misma suerte que Paulette Wilson quien, después de su lucha, obtuvo su documentación y su ciudadanía y tuvo la oportunidad de viajar a Jamaica, reconectar con su familia y sus raíces. La compensación financiera, no obstante, no será suficiente para enderezar las fisuras de una sociedad británica profundamente dividida. El multiculturalismo fracturado sigue en vilo con perspectivas magras para soluciones a corto plazo, puesto que “Brexit” amenaza aún más las divisiones racializadas y anti-migrante.