Un nuevo contexto
El 26 de diciembre de 2020 el Presidente Abinader afirmó en una entrevista con el periódico español El País que quiere darle al país “un ‘shock’ de institucionalidad y modernidad.” Sostuvo que “Ninguna sociedad civilizada puede permitirse tener ciudadanos indocumentados en su territorio.” Esta observación concuerda con los países liberales bajo la pandemia que se han caído en la cuenta de la necesidad de tener a la población que reside en su territorio bien documentada, con miras a garantizar medidas oficiales de protección social expansivas para todos y todas durante la crisis sanitaria planetaria.
Presidente Luis Abinader, diciembre de 2020 (crédito El País)En el caso que nos ocupa de la República Dominicana, OBMICA hizo un estudio a finales de 2020 que subraya los desafíos que persisten para la regularización de personas migrantes con un estatus migratorio irregular. Dicho informe Balance del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Migratoria Irregular en República Dominicana sopesa si el PNRE ha respondido a sus objetivos planteados para dar un estatus regular a los que se inscribieron en el mismo en base a su arraigo, tiempo en el país, labores que realizan los trabajadores y trabajadoras migrantes, entre otros.
A siete años de la implementación del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE) en República Dominicana y ante un nuevo gobierno instalado a partir de agosto de 2020: ¿Cuál es el estatus migratorio actual de las personas que fueron acogidas por el Plan, sobre todo en el caso del colectivo de personas migrantes haitianas? ¿Cuáles recomendaciones se consideran necesarias para avanzar el diálogo político en el nuevo entorno político y sanitario con miras a buscar soluciones duraderas en la temática?
Entre los meses de septiembre y octubre de 2020, se hicieron una serie de consultas a representantes de instituciones gubernamentales, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales. Previo a estas consultas se efectuó una revisión de la literatura de fuentes oficiales, de entidades académicas, de organizaciones sociales, y de medios de comunicación.
El análisis de los insumos recogidos en el marco de la investigación toma en cuenta un contexto en plena evolución: hay un nuevo gobierno que tomó el poder a mediados de agosto de 2020. A esto se agrega una crisis sanitaria y económica desde marzo del presente año, en la cual el país se encuentra como el epicentro de Covid-19 en el Caribe insular. Por esta razón, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) Haití reporta 166,975 retornos espontáneos de migrantes haitianos a su país entre marzo y octubre de 2020. Hay datos de referencia importantes arrojados por las dos encuestas oficiales sobre los inmigrantes en la República Dominicana (ENI 2012 y ENI 2017).
Hallazgos
El referido estudio demuestra que su implementación no ha respondido a sus objetivos planteados de dar un estatus regular a los que se inscribieron en el mismo. Al mismo tiempo da constancia de un esfuerzo que se debe valorar, dándole sostenibilidad y procurando la estabilidad de los inmigrantes en el país mediante el otorgamiento de residencias, sean temporales o permanentes e involucrar en todo este proceso a los actores que inciden en el sistema migratorio, es decir las instituciones gubernamentales, los empresarios, sindicatos y organizaciones de la sociedad civil, entre otros.
Cabe notar que las autoridades competentes estaban llevando a cabo de manera simultánea hasta la fecha la operación del PNRE y la Ley 169-14 de Naturalización dirigida a personas dominicanas desnacionalizadas por la sentencia 168-13 que pudiera haberse prestado a la confusión para los beneficiarios putativos de los distintos procesos. Desde el 21 de septiembre de 2020 se autorizó la reanudación de las deportaciones por vía terrestre, de personas sospechadas de no tener un estatus migratorio positivo, dando fin a una moratoria bajo la pandemia.
Un poco menos de la mitad de las personas elegibles aplicaron para el Plan (tomando como punto de referencia la ENI 2012), aunque fueron mayormente aprobados, con énfasis en el colectivo mayoritario de las personas migrantes haitianas. En este colectivo el porcentaje de mujeres inscrito en el Plan corresponde aproximadamente a su porcentaje (35%) dentro del colectivo haitiano, según la ENI 2012. Pocas personas recibieron la residencia, el documento más común siendo de trabajadores temporeros, de manera que a fines de 2019 fuentes oficiales dan cuenta de aproximadamente 200 mil personas que iban a tener que renovar su documentación (o cambiar de estatus si procede) en 2020.
Barreras
Una mujer haitiana es vista hoy, martes 16 de junio de 2015, mirando las instalaciones del Ministerio de Interior y Policía en Santo Domingo (República Dominicana). Hoy se realiza el proceso de inscripción al Plan de Regularización de Extranjeros que vence mañana. Los extranjeros que no se hayan acogido al Plan, serán repatriados a su país de origen, medida que afecta mayoritariamente a personas haitianas. EFE/ORLANDO BARRÍA A grandes rasgos las barreras demuestran un Plan ambicioso con un plazo muy apretado y con criterios difíciles de alcanzar para el tipo de migrante concernido. Las personas consultadas expresaron sus inquietudes en cuanto a la información oportuna disponible y su alcance geográfico. Lamentaron la demora en la operación de algunos centros vinculados al Plan, notablemente en la frontera. Destaca la poca claridad en cuanto al tipo de documento otorgado y los procesos a llevar a cabo para su renovación o cambiar de categoría migratoria, notablemente en 2019. Muchas organizaciones sociales y sus redes representativas emprendieron un proceso de judicialización para la reconsideración de casos emblemáticos pero no han sido respondidas ni en el tiempo hábil en 2019 ni hasta la fecha por el Ministerio de Interior y Policía (MIP). Aunque la Dirección General de Migración ha hecho un esfuerzo importante en 2020 para dirigirse al tema de la renovación de documentos, apoyado por la OIM RD, no dio abasto en el contexto desafiante de la pandemia.
Independientemente de los esfuerzos loables de las autoridades haitianas para otorgar documentación de base haitiana para personas en el Plan, sobre todo mediante el llamado Programa PIDIH, una minoría de las personas haitianas necesitando este tipo de documento pudo conseguirlo.
Las perspectivas
De no encontrar soluciones sostenibles que alinean el Plan con la Ley de Migración (o la modificación de la misma y/o su reglamento), las ganancias tímidas en acceso a la seguridad social, promovido en el marco de la implementación del Plan, podrían esfumarse. En el peor de los casos, se podría retroceder a una situación de irregularidad generalizada, tal y cual fue la norma antes de lanzar el Plan. Cabe notar que muchos países están desafiados por temas similares en el contexto de la pandemia y existen algunas buenas prácticas de flexibilización de que se puede aprender en la región de América Latina y el Caribe y en Europa. Se propone un conjunto de recomendaciones que incluyen las siguientes.
Recomendaciones
- En la medida en que se aclaran los procedimientos para migrantes con documentos expirados, y tomando en cuenta la crisis sanitaria que persiste, sopesar el establecimiento de una moratoria de las deportaciones por vía terrestre de personas con un estatus migratorio irregular.
- Incluir en el diálogo político respuestas a los recursos de reconsideración depositados ante el Ministerio de Interior y Policía (MIP), según la mencionada judicialización.
- Dar mayor información a las personas migrantes y sus acompañantes, aumentar el diálogo político con el Estado y un conocimiento real de las probabilidades de políticas que respondan a su condición, a su realidad.
- Orientar y darle informaciones claras a la gente afectada para que puedan hacerse cargo de su proceso, que sepan los derechos que tienen con un estatus regular.
- Dar seguimiento a la idea de generar una bolsa de trabajadores extranjeros para vincularlos de manera permanente junto a los trabajadores dominicanos.
- Dar seguimiento mediante las autoridades competentes en el Ministerio de Trabajo, Seguro Social, Superintendencia de Bancos, entre otros, a que distintas entidades reconozcan la validez oficial de documentos emitidos a personas beneficiarias del PNRE, para que puedan ser utilizados con distintos fines, más allá de acceso al seguro social.
- Profundizar en las medidas necesarias para asegurar que el PNRE y la ley de migración sean compatibles y, de ser necesario, efectuar los ajustes legislativos requeridos para estos fines, tomando en cuenta los desafíos y necesidades de las mujeres migrantes.
- Aprovechar la segunda Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI 2017), en lo que se refiere a la variable que midió la cantidad de inmigrantes irregulares que se quedaron fuera el PNRE, para tomar las medidas correctivas necesarias.
- Dando seguimiento a los nuevos compromisos del gobierno entrante en la materia, robustecer el tratamiento especial otorgado a algunos cañeros pensionados, sus familiares y sus organizaciones representativas, como un caso excepcional que requiere el otorgamiento de pensiones y residencias permanentes.
- Hacer acopio de buenas prácticas de medidas a tomar desde contextos semejantes con miras a ver su posible adopción en el contexto dominicano.
El estudio in extenso está disponible. Ojalá que 2021 sea el año en que se concretice el giro hacia la institucionalidad en materia migratoria que tanto promueve el Presidente Abinader.