Desde el pasado mes de septiembre, el gobierno dominicano ha anunciado una serie de medidas restrictivas que complican el panorama a las personas migrantes provenientes de Haití, de forma particular aquellas que no poseen un estatus regular o que habiendo aplicado al Plan Nacional de Regularización hoy se encuentran a la espera de información sobre su continuidad y no cuentan con ningún mecanismo disponible para renovar la documentación obtenida que acredita su estatus.
En un contexto tan sensible, luego de una reunión del Consejo Nacional de Migración a finales de septiembre, se emitió un comunicado dando cuenta del recrudecimiento de la política deportaciones hacia Haití y, se informa de una resolución, todavía no oficial, que limita el acceso a servicios de salud gineco-obstétricos a mujeres extranjeras embarazadas. En adelante, a partir del sexto mes de gestación, sólo será permitida la entrada al país de aquellas que posean un seguro internacional de salud, que será requerido para poder ser atendidas en el sistema público.
En un segundo momento, a comienzos de noviembre, se dieron a conocer nuevas medidas, esta vez con la paralización de la entrega de visas estudiantiles a personas haitianas, vinculando a temas de seguridad nacional las problemáticas operativas para la concesión y debida verificación de los permisos que se otorgan para realizar estudios en el país, en su mayoría de nivel universitario, afectando así a una importante comunidad de jóvenes profesionales que realizan su proceso de formación superior en las universidades locales. Sobre la pertinencia de esta drástica decisión se han levantado muchas voces contrarias, incluso dentro de la propia administración del presidente Luis Abinader. La Asociación de Estudiantes Haitianos (Regroupement des Étudiants Haitiens á Santiago), en declaraciones hechas a Diario Libre, pidió a Abinader reconsiderar la decisión asumida por el Estado de no renovar de manera automática el visado, aclarando que los estudiante no representa una amenaza para el país.
Este miércoles en la noche, el 3 de noviembre, el Ministerio de Interior y Policía anunció otras cuatro disposiciones para garantizar el “control del movimiento de personas que entran y salen del país”, a saber:
- La auditoría del Plan Nacional de Regularización de Extranjeros (PNRE).
- La apertura de 38 oficinas de migración en todo el territorio nacional.
- Un nuevo abordaje con los sectores productivos en términos de como hace la contratación cuando se trata de personas extranjeras
- La limitación del acceso a servicios de salud a personas migrantes con estatus irregular a quienes solo se les proveerá atención de emergencia en el sistema de salud pública cuándo.
Además el Consejo Nacional de Migración se declara en sesión permanente.
Desde OBMICA hemos analizado con detenimiento estas disposiciones que no expresan una línea de acción coherente. Es extemporáneo hablar de una auditoría del Plan Nacional de Regularización, ya han pasado siete años del inicio de su implementación, cualquier error debió haberse detectado mucho antes. El PNRE está detenido indefinidamente. Entendemos qué es una dificultad intentar deshacer un proceso en el que las personas migrantes aplicaron de buena fe, invirtieron tiempo, recursos y fueron regularizadas. Hoy este grupo, que según cifras estatales asciende a unas 220 mil personas, se encuentra en una situación aún mucho más vulnerable, sin saber si cuentan con estatus previamente otorgado tras agotar la solicitud, aprobación y entrega de sus documentos migratorios.
Saludamos la idea de abrir oficinas de migración en todo el país que pudieran ayudar a agilizar los servicios destinados a personas migrantes para garantizar su regularización, proceso que ya se está llevando adelante en la zona fronteriza. De la misma manera, valoramos un nuevo abordaje de las migraciones en los sectores productivos, intentando ver cómo resolver el problema del estatus de la mano de obra migrante, una acción muy acorde con lo planteado en Estrategia Nacional de Desarrollo 2010-2030 para establecer cuotas en diferentes renglones de trabajo para la mano de obra migrante y que debe ir en la línea de garantizar derechos a los trabajadores.
El cierre del paso de personas migrantes con estatus irregular a servicios de salud pública, por múltiples razones plantea dificultades de orden mayor: en primer lugar está todo lo relacionado a las garantías del derecho universal a la salud sustentado en la Constitución y Acuerdos Internacionales de las que el país es signatario, acción que ya ha levantado el rechazo de activistas y del propio Colegio Médico Dominicano, pues estaría llamando a los prestadores de servicios de salud a violentar su compromiso social y ética de trabajo, mientras los hospitales, cuya misión es garantizar la salud de todas y todos, se convierten en espacios de discriminación de personas por su estatus documental y migratorio.
Limitar servicios de salud a personas migrantes resulta contraproducente en este contexto de emergencia sanitaria por la pandemia del COVID-19. Previamente el gobierno dominicano, con mucha certeza, había determinado que en los programas de prevención y atención se incluirían a todas las personas residentes en el territorio nacional, como parte de la estrategia de contención del virus. Es importante determinar si estas nuevas medidas también excluirían a las personas con estatus migratorio irregular del exitoso Programa Nacional de Vacunación lo que sería un retroceso, que pone en riesgo la salud de todas y todos que habitan en el territorio nacional.
Las mujeres migrantes doblemente afectadas
Tal vez el aspecto más preocupante es el enfoque de género, las medidas ponen aún más presión sobre madres y mujeres embarazadas extranjeras y no les reconoce sus necesidades específicas. Si las mujeres están reticentes a recibir sus chequeos prenatales por temor a ser deportadas, podríamos estar contribuyendo a incrementar la mortalidad materna, que como sabemos en 2021 está en retroceso de cara a las cifras del mismo periodo el año pasado, un escenario que genera muchísima inquietud, y se suma a la carga que llevan las mujeres, sobre las que socialmente recae grandes desafíos económicos, así como la responsabilidad del cuidado y atenciones de salud de toda la familia.
Organizaciones como OBMICA, que abogamos por el cumplimiento de los derechos de las personas migrantes, constatamos los desafíos adicionales surgidos de una situación de total incertidumbre en Haití, lo que hace incomprensibles las medidas anunciadas, al calor de tensiones inter-estatales que deben ser dirimidas por la vía diplomática y utilizando los mecanismos binacionales creados a estos fines – por ejemplo, la Comisión Mixta Bilateral Dominico-Haitiana (CMBDH).
El incremento de las deportaciones va en contra de las recomendaciones formuladas por organismos internacionales, los organismos de derechos humanos, organizaciones del sistema de Naciones Unidas que han emitido una declaración precisamente a finales de septiembre pidiendo a todos los estados reconsiderar el tema de las deportaciones de personas haitianas hacia Haití por la situación que está viviendo la vecina nación.
¿Cuál es esa situación de Haití?
La inestabilidad política fue agravada por el asesinato de su presidente Jovenel Moise en julio pasado, y el país ha sufrido un terremoto, seguido muy cerca por el paso de una tormenta tropical de dimensiones terribles. Actualmente también se ve afectado por el creciente número de deportaciones desde Estados Unidos este año, casi 10,000 personas haitianas han sido deportadas en los últimos cuatro meses y el asedio de grupos armados que extorsionan a sus ciudadanos utilizando los secuestros como vía de chantaje.
Entendemos que no es conveniente dado el complejo escenario político, social y económico que atraviesa Haití realizar estás deportaciones al vapor. Lo pertinente, es que los estados controlen las migraciones en el momento de la entrada, lo que significa crear suficientes canales para que las personas puedan regularizar su estatus, se puedan visibilizar las contribuciones de las y los migrantes a la sociedad en igualdad de condiciones con otros trabajadores y trabajadoras.
En estos momentos dónde hay tantas tensiones en Haití, lo que corresponde son relaciones cordiales, utilizar los canales diplomáticos para trabajar cualquier tema sea comercial, estudiantil o de migración laboral. Instamos a los sectores progresistas de ambas naciones, defensores de derechos humanos, colectivos de ciudadanos y ciudadanas, la clase política, intelectuales, académicos/as a promover el entendimiento utilizando canales adecuados, de modo que las medidas de control migratorio y seguridad sirvan para afianzar lazos y trabajar en objetivos comunes, siendo consecuentes con este momento tan desafiante en el que debemos apostar por una recuperación colectiva, contribuir con una adecuada gestión de las migraciones, los derechos y servicios que se ofrecen a las personas migrantes y a que Haití encuentre prontamente el camino de la estabilidad.
Pueden consultar las declaraciones de nuestra directora, Bridget Wooding, ofrecidas a la periodista Graciela Cuevas, publicadas en Diario Libre este viernes 5 de noviembre de 2021 en el reportaje "Partidos se unen al Gobierno en busca de acciones para hacer frente a crisis en Haití".