“Un caso que hemos vivido con mayor o menor intensidad los que servimos en puestos diplomáticos y consulares en Haití es el de dominicanos negros que son incluidos en grupos de haitianos deportados desde la República Dominicana. Este tema ya era conocido por los cónsules en Belladère a mediados de la tercera década del siglo pasado.” Así escribió Alberto E.
Despradel Cabral, exembajador dominicano en Haití, en El Consulado de Belladère en las relaciones dominicohaitianas 1931 – 1963 (2005:122). En 2008 el experto en la migración forzada, el académico Matthew Gibney, aseveró que hace poco hay un giro hacia las deportaciones (“deportation turn”) a escala global. Sin embargo, en la isla las deportaciones transfronterizas han sido un asunto importante sobre el tapete durante prácticamente un siglo. El auge en las deportaciones en 2022 dejó un saldo de 113,490 personas deportadas a Haití. También según datos oficiales, esta cifra podría duplicarse en 2023. Pero personas nacidas en territorio dominicano, con el derecho a la nacionalidad dominicana, son cada vez más a riesgo de la expulsión de su propio país. En 2022, defensores de los derechos humanos reportan haber prevenido por lo menos 800 expulsiones.
El Señor Police no tuvo suerte en la prevención de su destierro – dos veces. Es un dominicano de ascendencia haitiana que fue detenido y expulsado a finales de julio. Pudo entrar de nuevo a su país, pero fue detenido y expulsado nueva vez. Al intentar entrar por segunda vez a su país, contó con los buenos oficios del sistema ONU. Después de quince días de incertidumbre, cruzó la frontera con el beneplácito de las autoridades dominicanas. Cabe notar que fue necesario visibilizar su acta de nacimiento dominicano y evidenciar que es un beneficiario entre las 749 personas nombradas por dos decretos presidenciales, adhiriéndose a la operación de la Ley 169-14. Esto ocurre en un contexto en que no se ha resuelto plenamente el despojo de la nacionalidad dominicana, fruto de la Sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional hace diez años. OBMICA se subscribe al comunicado de organizaciones de la sociedad civil sacando balance y abogando por soluciones sostenibles (ver la página 3 de este boletín). La implementación a cabalidad de la Ley 169-14, remediando parcialmente la apatridia causada por la Sentencia, sería un paso adelante combinado, claro está, con atención a la situación de estas personas nacidas a extranjeros que tuvieron el derecho a la nacionalidad dominicana bajo la Constitución que los vio nacer, pero, por no haber aplicado a la Ley 169-14, carecen actualmente de una ruta para hacer efectivo su acceso a la nacionalidad dominicana.
Bridget Wooding