Diseño de prensa que encabeza Resolución 32021 (CIDH)

Llama al Estado a garantizar el acceso a mecanismos de protección y servicios de salud reproductiva (1 de diciembre de 2021).

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La narrativa de la haitiana embarazada atravesando la frontera para entrar en la Republica Dominicana (RD) a dar a luz se ha dinamizado para militarizar Maternidades, justificando la restricción al acceso a salud reproductiva y prohibiendo la entrada para mujeres “visiblemente embarazadas”.

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Un llamado inaplazable a hablar de migraciones y los derechos que se mueven donde quiera que vaya la gente.  

Al pasar un   balance a  políticas públicas en el día internacional del migrante, los centros para la Observación Migratoria y Desarrollo Social en el Caribe (OBMICA) Y de Desarrollo Sostenible (CEDESO), a través de la coordinación del Proyecto Trato Digno,  consideran las recientes medidas restrictivas tomadas por el Estado dominicano  un  giro desalentador en materia de políticas de gestión de las migraciones,  que  expone a personas en movilidad  a vivir desprotegid@s,  caer en redes de  explotación, tráfico ilícito y posible trata humana.  

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Tras el anuncio, comenzando a finales de septiembre de 2021, hecho por el Ministerio de Interior y Policía de República Dominicana sobre la implementación de medidas restrictivas contra mujeres migrantes limitando su acceso al sistema de salud pública a los casos de emergencia y la prohibición especifica de la entrada al país a extranjeras en situación migratoria irregular a partir del sexto mes de gestación, se han realizado decenas de operativos de interdicción y captura de mujeres en centros de salud de Santo Domingo y algunas provincias del país con el objetivo de deportarlas.   

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