Por Kamilah Morain, Investigadora Asociada de OBMICA
El 12 de marzo del 2020, el Gobierno de Trinidad y Tobago reportó su primer caso detectado de covid-19 y actuó rápidamente adoptando normas de salud pública que comprendían la aplicación estricta de las medidas de distanciamiento social, el cierre de centros de actividad, la detención de todas las actividades no esenciales, la restricción de las libertades civiles y el cierre de fronteras. Hasta la fecha, Trinidad y Tobago ha tenido un total de 147 casos covid-19, ninguno de los cuales se transmitió a través de la difusión comunitaria.
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VenezuelaTrinidad y Tobago tiene 16 523 registrados venezolanos migrantes y un número indeterminado de migrantes no registrados dentro de su jurisdicción. El ACNUR y otras fuentes estiman que la cifra total puede rondar entre 24 000 y 34 000 migrantes.
En su lucha contra el covid-19, el Estado garantizó que todos los servicios médicos en el país fueran accesibles tanto para los-as ciudadanos como para los migrantes, advirtiendo que las prácticas discriminatorias contra los migrantes en los centros de salud y hospitales darían lugar a una catástrofe de salud pública en caso de que ocurrieran casos en la población migrante no detectados ni tratados.
La acción gubernamental, sin duda salvó innumerables vidas y aseguró que el sistema de hospitales públicos no se viera abrumado por los pacientes covid-19. Sin embargo, la estricta respuesta pública del Estado tuvo efectos adversos para las personas en situación de mayor vulnerabilidad en Trinidad y Tobago, particularmente para los migrantes y solicitantes de asilo, conduciendo a una situación económica extremadamente débil de éstos.
Los migrantes y solicitantes de asilo, en su mayoría trabajan en el sector informal, que se encuentran entre los más afectados por el cierre económico ordenado por el gobierno que intentó contener el brote. Esto dejó a los migrantes con menos posibilidades de generar ingresos. Por otra parte, su condición de extranjeros los hizo inelegibles para recibir asistencia alimentaria, financiera y de vivienda del Estado.
Desigualdades persistentes
La pérdida repentina de ingresos, junto con la falta de programas nacionales de asistencia social que responde a sus necesidades, llevó a un mayor riesgo de desalojo e inseguridad alimentaria para los hogares de migrantes, y muchos entre ellos informaron que no podían quedarse en casa en conformidad con las regulaciones de salud pública a menos que recibieron un cierto nivel asistencia alimentaria o en efectivo.
En algunos casos, la pérdida de ingresos regulares, junto con la ausencia de una red de protección social para los migrantes, aumentaron los mecanismos y comportamientos de afrontamiento arriesgados que mujeres migrantes en particular adoptaron. Hay informes de arrestos de mujeres venezolanas en "fiestas de covid" a través de la isla. Los migrantes irregulares también informaron que temían ser detenidos en los controles de carretera o en los puntos de control policial durante el período de cierre que duró tres meses mientras se dirigían al trabajo.
Estas vivencias de migrantes refuerzan la necesidad imperativa de que Trinidad y Tobago adopte un marco legislativo más integral para la protección de migrantes y refugiados, que permita a los migrantes acceder y beneficiarse de las protecciones que tanto necesitan. Hasta que se realicen tales reformas, los migrantes y los refugiados continuarán siendo invisibilizados y obligados a asumir riesgos innecesarios, especialmente en el caso de desastres naturales y de crisis sanitarias como la que se está experimentando actualmente.
Posdata
Después de haber escrito originalmente este artículo en junio, Trinidad y Tobago ha registrado casos de Covid-19 que elevan el total a 148. De los 18 casos más recientes hay 4 que son bajo investigación epidemiológica, indicando que no se conocen las fuentes y puede ser una primera señal de un contagio local/comunitario dentro de la población. El sábado 24 de julio se ha visto un cambio dramático respecto a migrantes venezolanos-as cuando el Ministerio de Seguridad Nacional ha anunciado nuevas medidas que criminalizan la presencia de migrantes en situación irregular en territorio trinitario durante la pandemia, con la etiqueta de no deseables y declarando que estas personas que suministran asistencia a estas personas o quienes tienen acuerdos de alquileres son cómplices en el la trata de personas o culpables de cometer el delito de dar albergue a un inmigrante ilegal que es castigable con una multa y/ o la cárcel.