El contexto en que se enmarca el éxodo sin precedentes de población venezolana hacia destinos mayormente en la región se sitúa en una región acogedora de la inmigración durante dos siglos aunque claro está nunca fue tan voluminosa ni tan de repente como lo que se ha visto en el último lustro, debido a la crisis profunda de la República Bolivariana de Venezuela que antes fue anfitrión más bien a otras migraciones.
Zapatos de migrantes venezolanos instalados en la Plaza de Bolívar, Bogotá, septiembre de 2019, como parte de una campaña: “Ponte en los zapatos de las personas migrantes.”Además, se ha conocido a América del Sur por su apertura hacia temas migratorios y de la adquisición de la ciudadanía y la no penalización de la migración irregular. Ahora y antes el poder ejecutivo ha sido y es decisivo en estos asuntos aunque no forzosamente conduce a la adopción de nuevas leyes. Muchas veces conducen a normas menos robustas que antes donde existe un nuevo marco legislativo respondiendo a nuevas dinámicas migratorias a escala regional. Sin embargo, hay dos países que han roto el molde de acogida tibia. En cambio, Colombia y Brasil están fortaleciendo la protección a la población venezolana en movimiento internacional.
COLOMBIA
El ACNUR ha aplaudido el desarrollo de una nueva política del Presidente Duque de Colombia de cara a la población venezolana en el territorio nacional, elogiando “uno de los gestos humanitarios más importantes de la última década.” Esto ocurre a principio de 2021 en un contexto en que Colombia tiene una frontera terrestre significativa de más de 2,000 kilómetros con Venezuela; es receptor de 1.7 millones de migrantes del país vecino – la mitad con un estatus migratorio irregular; hay mucha informalidad y precariedad en que 60% no tienen ingresos en los mercados de trabajo. Durante la pandemia 80,000 venezolanos retornaron a su país en 2020 – por lo menos de manera temporal – y Venezuela no cuenta con un programa nacional de vacunas. En resumidas cuentas, la política innovadora colombiana contempla la regularización de una cohorte de 800,000 migrantes con estatus irregular, otorgando un estatus temporal de protección de 10 años, incluyendo la residencia. Esto allana el camino para los progenitores venezolanos que tiene hijos-as en el país poder registrar sus hijos-as como colombianos. Es una medida fuera de serie, con un impacto positivo en muchas vidas, aunque no forzosamente resuelve el problema de propaganda anti-migrante o la xenofobia. Tampoco rige el estatus de otros flujos de inmigrantes como haitianos-as, ni entradas de personas extra continentales. En fin, debilita también la figura del asilo como respuesta a la migración forzada.
BRASIL
Diferente a otros países de la región, Brasil ha desarrollado una política de reconocimiento a un volumen significativo de venezolanos-as como refugiados-as prima facie en los últimos años. En efecto, cabe preguntar por qué más países de la región no han hecho lo mismo, recordando que la región tiene una trayectoria de interpretación expansiva de la definición de refugiado/a que se plasmó en la “Declaración de Cartagena” (1984) y que ciertos países han incorporado en sus leyes domésticas.
REPÚBLICA DOMINICANA (RD)
Con este trasfondo, hay que apreciar los esfuerzos importantes que RD ha inaugurado en 2021, aunque distan de las medidas aprobadas por Brasil y Colombia en cuanto a su alcance temporal. Tal vez como varios otros países, RD había entendido que la crisis en Venezuela estaba por resolverse y, por ende, no era necesario pensar antes en medidas específicas de respuesta. Cabe recordar que las personas venezolanas de recién llegada no pudieron aplicar para el Plan de Regularización (2014/2015) que tuvo como requisito el haber llegado al país antes de octubre de 2011. Además, las cifras oficiales muestran un auge en la llegada de personas venezolanas que las autoridades dominicanas calcularon a fines de 2019 en más de 100,000 personas con un estatus migratorio irregular. Actualmente hay un plan especial en curso para la migración venezolana con estatus irregular y se espera que puede cambiar el estatus positivamente para estas personas aunque no otorga la residencia y es un permiso de apenas un año. Es oportuno llevar a cabo este programa en esta coyuntura para visibilizar estas personas y vencer cualquier vacilación que puede haber de parte de las autoridades o de las mismas personas migrantes de cara a su inclusión en el plan nacional de vacunación contra COVID-19.