Consonante con este mensaje, el 12 de abril un amplio elenco de organizaciones católicas y sus allegados a escala nacional e internacional publicaron un importante posicionamiento, titulado Dignidad Humana y Deportaciones que en su esencia reza así:
“Es imperativo reconocer la existencia de una crisis migratoria, que afecta a gran parte del mundo y a República Dominicana. Sin embargo, no deberíamos abordar esta crisis como un problema aislado, sino como una oportunidad para fortalecer el tejido social y económico de nuestro país. Creemos firmemente en la capacidad de nuestro pueblo para superar esta crisis. La historia del pueblo dominicano está marcada por la resiliencia y la solidaridad, valores que hoy nos llaman a actuar con justicia y compasión. Las acciones que se ejercen ante cualquier situación de crisis deben siempre respetar la dignidad humana y ajustarse a las leyes nacionales e internacionales. Esto incluye un trato humano para todos los migrantes y sus descendientes y procesos justos y transparentes para la regularización y renovación de documentos…
En su mensaje del 27 de febrero del año 2021, los Obispos dominicanos, citando al Papa Francisco nos decían: “Comprendo que ante las personas migrantes algunos tengan dudas y sientan temores. Lo entiendo como parte del instinto natural de autodefensa. Pero también es verdad que una persona y un pueblo solo son fecundos si saben integrar creativamente en su interior la apertura a los otros.” … “No podemos hacernos de la vista gorda ante las penurias que sufren muchos inmigrantes en nuestro país. Invitamos a nuestras autoridades a seguir trabajando para lograr una política clara sobre este asunto, y que en base a ella se tomen decisiones firmes y transparentes, con estricto respeto a los derechos humanos y la dignidad de las personas.”
Los clamores por la justicia y la equidad resuenan con fuerza en las calles de nuestro pueblo. Gritos de indignación contra los operativos migratorios en nuestros bateyes, como el caso del 15 de marzo del 2024 a las 2 am en las comunidades del Seibo (Villa Guerrero, Santa Lucia, Km 4 y Km 8). En donde hubo violencia física y psicológica contra niños, mujeres embarazadas y personas vulnerables. Llantos de dolor, por las personas detenidas que deben pagar sumas exorbitantes para regresar a sus hogares. Como país, estamos obligados a actuar dentro de un marco legal que respete la dignidad humana. Está claro que una docena de familias campesinas o de un barrio marginado de Santo Domingo no son quienes ponen en peligro la “Seguridad Nacional”, el hueco que causa mayor inseguridad en nuestra frontera es la Corrupción.
La distinción entre migrantes y sus descendientes y aquellos que en los últimos años han residido en el país de forma regular, es esencial para una política migratoria justa y eficaz que garantice el cumplimento pleno de la ley 285-04 y como lo establece la ley 169-14 del 21 de mayo 2014, para la regularización y naturalización. Como sacerdotes, consagradas y agentes de pastoral levantamos nuestras voces en nombre de las familias, los trabajadores, los envejecientes, las mujeres embarazadas que ya viven entre nosotros y todos aquellos que han encontrado en la República Dominicana un hogar. Por los estudiantes haitianos, inscritos en nuestras universidades por vías formales y válidas a quienes se les está negando la posibilidad de renovar sus visas y se les está impidiendo continuar sus estudios.
Hacemos un llamado al presidente de la República Luis Abinader Corona y a las instituciones competentes a una reflexión seria, al diálogo y acciones, basadas en los derechos humanos. Las condiciones de total violencia e inseguridad de nuestros vecinos nos interpelan a ser compasivos y nos obligan a detener las deportaciones y a dar una respuesta ética y legal a la crisis migratoria. Los dominicanos somos un pueblo noble y hospitalario y los abusos que hemos señalado destruyen los valores más fundamentales de nuestra identidad.
Encomendamos a Nuestra Señora de la Altagracia, Madre de esta Isla que cuide de sus hijos e hijas. Amén.”